Drogas y derechos humanos: política del miedo

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Fernanda Mena y Dick Hobbs describieron en el artículo “Narcophobia: drugs prohibition and the generation of human rights abuses” como la guerra a las drogas, de forma similar a la guerra al terror, promovió “el contrario a los derechos humanos”, o sea, en el intento de promoción de la protección por derechos acabaron violando a otros.

El artículo resalta no solamente las inconsistencias de los Estados como también de la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) en este proceso. Por un lado, la ONU apoya tal guerra contra las drogas por medio de la UNDOC; por otro, es vista como la grande organización que busca garantizar y monitorear los derechos humanos en el mundo.

En esta entrevista para InterCAMBIO, Fernanda describe el proceso de investigación que resultó en el artículo, los resultados de la actual política de drogas y el papel de los policías y de la ONGs en esta política.

¿Qué hizo despertar su interés por esta área de investigación en Política de Drogas?

En el 2003, presencié la grabación del documentario “Falcão – Meninos do Tráfico”, de MV Bill y Celso Athayde, para un reportaje publicado en El diario Folha de S.Paulo, en marzo de 2004, y que ganaría los premios “Folha de reportaje” y Ayrton Senna de periodismo.

En aquella ocasión, estuve por muchas de áreas pobre de la ciudad de Rio de Janeiro y entrevisté más de 16 adolescentes involucrados en el tráfico de drogas. En estas charlas, me quedó claro que existe un sentido común en relación a estos jóvenes. Una idea de que son una especie de encarnación del mal y de la violencia, y así, con esta visión unilateral y perversa, se creaba una forma fácil de tratar la cuestión, bestializarlos como una disculpa para la creación de una necesidad de puniciones ejemplares a estos personajes. Sus historias eran como pequeñas tragedias ensenadas en contextos de exclusión total, donde el poder público solo existía cuándo la policía estaba disparando con sus armas, dando la impresión de que el derecho no existe. Muchos habían entrado en el tráfico de drogas por cuestiones socioeconómicas y de autoestima. Algunos meses después de tal documental, muchos de los adolescentes ya habían sido muertos (por la policía, por otros traficantes o por sus propios colegas, adentro de la lógica implacable en que funciona el crimen organizado).

Lograr humanizar tales sujetos fue central para que yo empezara a reflexionar sobre el tráfico, la forma como hemos llevado para adelante la cuestión de las drogas y las políticas públicas de enfrentamiento militarizado que, lejos de solucionar el problema, crean una “guerra particular” como lo dijo Joao Moreira Salles en su documental, perjudicando no apenas los individuos directamente involucrados en los conflictos abiertos, sean traficantes o policías, como también el lugar donde viven las personas que conviven con el tráfico. En última instancia también apuntaría la sociedad como un todo y el propio desarrollo del país.

¿Cómo usted evalúa las consecuencias de esta política, e quien son los que más sufren con ella?

Si trata de una política internacional que bestializa no solo los productores y traficantes como también usuarios. En mi investigación dejé claro que el cambio de las drogas, de comoditos a agentes del mal, emergió de valores morales e intereses políticos y económicos, en vez de basarse en evidencias de daños causados a las personas y a las naciones. La prohibición de drogas automáticamente creó un mercado negro; tal mercado ilegal a su vez, no puede contar con las instituciones ni con los sistemas de justicia para solucionar conflictos; por lo tanto desarrolla un sistema basado en la violencia y en el miedo para desamarrar los nudos de sus negocios, afectando no apenas a las personas directamente involucradas en este mercado como también a las comunidades en que se insieren tales individuos, además de promocionar redes de corrupción en las instituciones de los países donde actúan.

La bandera de la guerra contra las drogas es sistemáticamente utilizada para justificar acciones contra la soberanía de los Estados (Plan Dignidad, lanzado por Estados Unidos contra los productores de hoja de coca, en Bolivia, en 1998, promoviendo años de inestabilidad política en aquel país), además de la militarización de acciones antidrogas, como el entrenamiento de paramilitares colombianos por grupos norteamericanos y subsecuentes escándalos de violaciones de derechos humanos en aquel país, generando una de las más grandes poblaciones de refugiados internos y externos del mundo.

El objetivo de “erradicar” las drogas del planeta, expreso en los principales acuerdos internacionales postulados por las Naciones Unidas, también estimula medidas que no están amparadas por principios de derechos humanos, como envenenamiento del solo en áreas del plantío de coca, marihuana o amapola, ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento de recursos públicos de áreas vitales como salud, infra-estructura y educación, para sectores involucrados en el combate del tráfico y en la prisión de pequeños consumidores y grandes traficantes.

Como los países de América Latina son los principales productores y mayoristas de drogas, mientras que Europa y los EE.UU. – los grandes arquitectos de la actual política global  antidrogas – son en su mayoría zonas de consumo, las medidas más radicales de combate a la producción y al tráfico terminan por atingir a América Latina, que todavía sufre de la debilidad de sus instituciones, garantías sociales y junto a un legado de las dictaduras militares que promovieron aparatos policiales de gran alcance y poca responsabilidad.

¿Cómo usted llamaría una política realmente pragmática de combate al tráfico de drogas?

Una política pragmática es aquella que reconoce aquello que está funcionando y aquello no está. Brasil es en estos días el principal consumidor de todas las principales drogas ilícitas en América Latina y colecciona números record de muertos en conflictos relacionados con el tráfico. ¿Será que esto es una señal positiva acerca de la actual política?

Por supuesto que no. Una forma pragmática de tratar el tema necesita evaluar si tamaño costo social si justifica cuándo el objetivo es impedir personas de consumieren algo que ellas están dispuestas arriesgarse para usar. Por ejemplo, creo que sería más eficaz crear políticas de educación para el uso de drogas y de alerta a sus maleficios, además de restricciones de uso, así como se hace en el caso del cigarro.

¿Cómo ves a los policías en este proceso?

Los policías son el brazo del Estado que está más cercano de  las comunidades más pobres, las mismas que acaban loteadas por las organizaciones criminosas ligadas al tráfico de drogas. Como la lógica de la política antidrogas es la del confronto, la policía actúa de forma muy dura en estos territorios, y la sociedad acepta que cada invasión de una comunidad pobre tenga un creciente numero de jóvenes muertos porque eran traficantes.

Los propios policías lo dicen anónimamente que su trabajo de aprehender cargamentos de droga en comunidades pobres es como trabajar en vano, pues en el día siguiente llegará un nuevo cargamento. La experiencia de la policía pacificadora, que intenta aproximar policías de las comunidades, es un buen comienzo, pues, pueden al menos crear un vínculo de confianza, una institución a cuál los habitantes de las comunidades dominadas por el tráfico puedan recorrer.

En mi visión, sin embargo, sin una nueva política sobre drogas, la policía va a seguir como perpetradora de violaciones de derechos humanos entre las poblaciones más vulnerables.

¿Cuál es el espacio de la sociedad civil en este debate sobre política de drogas en Brasil?

Es crucial, sin la participación de la sociedad civil organizada existen pocas chances de progresión del debate, porque si trata de un tema tabú y desarrollar una nueva política sobre drogas seguro que iría desagradar muchos sectores en los planes nacionales e internacionales.

Una nueva visión sobre la política de drogas se debate en la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, que ha propuesto una mirada más tolerante acerca del tema, incluyendo la admisión de que la guerra contra las drogas falló y que la despenalización del consumo debería ser tomada como primera medida. Aún así, existe mucho que avanzar.

Publicado originalmente para el boletín InterCAMBIO en 26 de Marzo de 2010

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